El origen de Santa Rosa

La referencia documental descrita en los Títulos de propiedad de la hacienda de Juriquilla y sus anexas que forman parte del Expediente número 23/4126 del Ejido de Santa Rosa Jáuregui, existente en el archivo del Registro Agrario Nacional, respecto a las diligencias que se practicaron durante el primer tercio del siglo XVIII, hablan de la existencia del pueblo y hacienda de Santa Rosa. Esto quiere decir que su origen se remonta al siglo XVII, como consta en la escritura de compraventa del 10 de julio de 1667, donde el bachiller Antonio Yáñez dio a su hermano Francisco la hacienda de Santa Rosa por cuenta de la herencia que le dejaron sus padres.

Así se corrobora con los datos del plano Tipus Seu Descriptio Zivitatis Queretanesis (Imagen o descripción de la ciudad de Querétaro), que data del siglo XVIII y se halla en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España. Ahí aparecen los nombres de varios ranchos, haciendas y pueblos como Juriquilla, Santa Rosa, Pie de Gallo, San Miguelito, Buenavista, Santa Catarina y Puerto de Pinto, tocantes a la jurisdicción de Querétaro. No tiene fecha ni firma,  pero se sabe que fue elaborado entre 1712 y 1714 por instrucciones del arzobispo de México, José Lanciego y Eguilus, y encargo de fray Francisco Contreras, provincial franciscano de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Formó parte de la información que el primero envió el 8 de agosto de 1714 al rey Felipe V de España, sobre la propuesta de crear cinco auxiliares de la Parroquia del Convento de San Francisco de la ciudad de Querétaro (Arvizu, 1984: 43-51).

La fundación del pueblo de Santa Rosa tiene que ver con este proceso religioso, que culminó en 1759 con la secularización del curato de Querétaro. El 12 de agosto de 1711, el Real Consejo de Indias presentó al rey Felipe V una solicitud del clero secular de Querétaro donde solicitaba que la parroquia franciscana se dividiera en dos. Una se asignaría a los seculares y sería la encargada de atender a los españoles, negros, mestizos y mulatos; en la otra continuarían los frailes atendiendo solamente a los indios (Arvizu, 1984: 43).

La respuesta del rey fue contraria a la petición de los seculares y acordó el 29 de abril de 1712 que se erigieran las parroquias auxiliares necesarias en la ciudad y su distrito, dependientes de la principal de Querétaro. Ordenó al virrey Fernando de Alencastre, duque de Linares y al arzobispo José de Lanciego, fijar el número de tenientes y parroquias auxiliares más adecuado; la tarea se encomendó a fray Manuel de Mimbela, obispo electo de Oaxaca y al titular de la Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Mediante cédula real, el 5 de junio el rey mandó erigir cinco ayudas de parroquia atendidas por sacerdotes peritos en el idioma otomí (Mendoza, 2008: 47).

Es decir, seguiría existiendo una sola parroquia, gobernada por los franciscanos. Pero en atención al creciente número de habitantes tanto en la ciudad como en los pueblos de su jurisdicción, se establecerían las ayudas de parroquia que fuesen necesarias, dependientes de la de Querétaro, que la auxiliarían tanto en la labor evangélica como en la administración de los sacramentos (Arvizu, 1984: 43).

La real cédula del 5 de junio de 1712 la recibió en la ciudad de México el 12 de diciembre el virrey Fernando de Alencastre, quien de inmediato la envió al arzobispo Lanciego y al obispo Mimbela (Mendoza, 2008: 47). El virrey elaboró un cuestionario que se aplicó entre varios vecinos de la ciudad para establecer las bases de la propuesta, sin tomar en cuenta la opinión de los cleros regular y secular, y del juez eclesiástico de la ciudad de Querétaro, para evitar mayores fricciones entre ellos. El interrogatorio inició el 21 de junio y concluyó el 6 de julio de 1713; lo aplicó el general Juan Torres Camberos, corregidor de Querétaro (Arvizu, 1984: 44-45).

Con los resultados de la encuesta, el arzobispo de México elaboró el proyecto para las ayudas de parroquia y propuso la creación de cinco. Estarían ubicadas en el pueblo de Huimilpan, seis leguas al sur de Querétaro; el valle de Buenavista, seis leguas al norte; el pueblo de San Pedro de la Cañada, a una legua de la ciudad; el barrio del Espíritu Santo, dentro de ésta, igual que la de la congregación de indios de la “Otra Banda”. La proposición se envió al rey el 8 de agosto de 1714, acompañada del plano Tipus Seu Descriptio Zivitatis Queretanesis para su mejor ejemplificación (Arvizu, 1984: 46).  

La propuesta original incluyó las ayudas del valle de Amazcala y de El Pueblito, pero se excluyeron por considerar que podían administrarse desde San Pedro de la Cañada, la primera y la parroquia principal de Querétaro, la segunda; finalmente, se acordó que fuesen sólo cinco. El arzobispo consultó el asunto con el virrey, quien emitió su resolución afirmativa el 30 de junio de 1714; debió esperar un tiempo para aplicarlo y lo dejo pendiente para la visita pastoral que se preparaba al territorio de la diócesis (Mendoza, 2008: 48-49).

El 31 de enero de 1715, Lanciego y Eguilaz realizó la visita pastoral de su diócesis, en particular a la parroquia y doctrina franciscana de Querétaro, de la que era cura fray José Picazo, ministro de la Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. El arzobispo hizo efectiva la real cédula del 5 de junio de 1712 durante su visita pastoral, que prolongó hasta el 22 de marzo. Mandó un decreto al cura de doctrina para que así lo ejecutara, “haciendo poner los religiosos y demás necesario para la administración de los santos sacramentos en las cinco ayudas de parroquia […]” En sendas cartas dirigidas al rey el 5 de enero de 1715 y el 24 de abril de 1716, el arzobispo y el virrey le informaron haber puesto en ejecución lo prevenido (Mendoza, 2008: 47-50).

En su mismo decreto, Lanciego notificó al provincial franciscano  Fernando Alonso González una cláusula ejecutiva por la que debía establecer las cinco ayudas de parroquia en un término de cuatro meses. El religioso le informó al rey, quien le dio vista al Consejo de Indias, que por cédula real del 11 de julio de 1718, dirigida al virrey Baltazar de Zúñiga, Marqués de Valero, urgió observar lo dispuesto por el arzobispo. En el documento se anotó que el número de feligreses era de dieciocho a veinte mil, en “la circunferencia de la ciudad de Querétaro de cinco a seis leguas […]” Además, ordenó al virrey que ayudara a los prelados en el cumplimiento del encargo. La cédula la recibió el virrey en México el 14 de enero de 1719 y el 27 de febrero pasó al fiscal de la Real Audiencia, con lo que se acató el mandato real (Mendoza, 2008: 51-52).

Sin embargo, el 24 de abril de 1718 el arzobispo de México escribió de nuevo al rey para quejarse de que las cinco ayudas de parroquia aprobadas no las crearon los franciscanos y pidió sus instrucciones (Arvizu, 1984: 47). Un año después, fray Francisco Secio, procurador de las provincias franciscanas de las Indias, en un informe al soberano aclaró que para cumplir el mandato el ministro provincial fabricó cuatro de las cinco ayudas de parroquia: San Pedro de la Cañada, San Miguel de Huimilpan, San Sebastián y Espíritu Santo.

La quinta parroquia no se pudo construir debido a la contradicción que hizo Miguel Pérez de Andaboya y Santacruz, marqués de Buenavista, en cuya hacienda se intentó fabricar. Sobre ella, pidieron señalar el sitio más adecuado y con menor perjuicio al propietario. El 8 de abril de 1723, la real cédula llegó a México y fue acatada por el virrey Juan de Acuña, marqués de Casafuerte (1722-1734). El asunto de la ayuda de parroquia quedó pendiente debido a la oposición del hacendado (Mendoza, 2008: 54-56).